El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (d), durante el pleno del Parlament de Cataluña, que ha aprobado este miércoles tramitar con la máxima urgencia la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. | Efe

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El conseller de Educació de Cataluña, Josep González-Cambray, ha asegurado que su departamento asumirá la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos que elaboren los centros escolares para fijar el porcentaje de horas lectivas a impartir en catalán o castellano en base a criterios pedagógicos. Durante la sesión de control al Govern de este miércoles en el Parlament, Cambray ha detallado que su departamento será el encargado de «aprobar y validar» los proyectos lingüísticos de los centros, que deberán garantizar el aprendizaje oral y escrito tanto del catalán como del castellano.

La conselleria d'Educació catalana ofrecerá asesoramiento a los centros que lo requieran para elaborar los mencionados proyectos, que deberán tener en cuenta el entorno sociolingüístico a la hora de calcular cuántas clases se imparten en cada una de las lenguas oficiales. Una vez aprobados estos proyectos, Educació velará por su cumplimiento -«los maestros no pueden elegir en qué idioma dan las clases», ha advertido- mediante evaluaciones anuales consistentes en pruebas de competencias internas y externas, en las que también se tendrá en cuenta el dominio oral de cada una de las lenguas oficiales.

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Estas pruebas de competencias, ha explicado, se efectuarán en cuarto de primaria y segundo de la ESO, así como en sexto de primaria y cuarto de la ESO, en este segundo caso de forma censal. Durante su intervención, Cambray ha celebrado el acuerdo suscrito por PSC-Units, ERC, JxCat y comunes para impulsar una ley sobre el uso de las lenguas oficiales que blinda el catalán como lengua «vehicular» de la enseñanza en Cataluña a la vez que reconoce el castellano como lengua de aprendizaje y «uso curricular».

Desde su punto de vista, ese acuerdo permite proteger el modelo de escuela catalana ante sentencias «aberrantes» como la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) que obliga a impartir al menos el 25 % de asignaturas en castellano. El portavoz de Cs, Nacho Martín Blanco, y la diputada del PPC Lorena Roldán han criticado este acuerdo porque no incluye porcentajes que garanticen que se cumple la mencionada sentencia del TSJC. Ambos han cargado especialmente contra el líder del PSC, Salvador Illa: Martín Blanco le ha llamado «tonto útil» del independentismo, y Roldán «consentidor y cómplice».

El apunte

Castellano, lengua vehicular

A su vez, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el nuevo acuerdo sobre el catalán pactado a última hora sitúa al castellano como «vehicular» al describirlo como curricular, y ha afirmado que deberá impartirse al menos un 25 % en esta lengua para cumplir la sentencia del TSJC. En una entrevista radiofónica Illa ha insistido en que el castellano pasa a reconocerse como «lengua de aprendizaje, vehicular, curricular, llámese como se quiera» y ha remarcado que a él le interesa el debate sobre contenidos, y no el debate nominalista.