El candidato de Més per Menorca al Parlament «garantiza» el apoyo para que vuelva a gobernar una mayoría de izquierdas, pero también valora la influencia que han tenido desde fuera del Govern.

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¿Qué razón hay para reeditar por tercera vez el Pacte de Progrés?
—Urge cambiar de forma imperiosa el modelo económico de las Islas.

¿Entrarán a gobernar o se mantendrán fuera del Govern?
—Garantizamos nuestro apoyo para que vuelva a gobernar una mayoría de izquierdas, pero haremos lo que dé más valor a nuestros votos. Valoramos la influencia que hemos tenido desde fuera sobre la acción de gobierno.

Le han sacado más provecho…
—Estar fuera nos ha dado las manos libres para disentir y más poder para hacer rectificar al Govern. Así que, como nos ha funcionado en esta legislatura, es probable que lo mantengamos también en la próxima.

¿Qué cosas han quedado por cambiar?
—No se ha luchado de forma decidida a favor del cambio de modelo y en contra de la masificación turística para diversificar más la economía. En 2020, sin ir más lejos, se aprobó un proyecto de ley que permitía aumentar los hoteles. Los partidos en el gobierno tienen el discurso claro, pero titubean al llevarlo a la práctica. Y ahí radica nuestro papel, en forzar estos cambios estructurales.

Pues la Ley de la Reserva les permitía ya limitar la entrada de coches desde el Consell de Menorca y no lo han hecho.
—Porque no se puede hacer de forma arbitraria, sino en base a informes que definan la capacidad máxima de carga de la Isla, y eso lleva un tiempo. Sí que ha existido cierta tibieza e indecisión en uno de los socios, pero mantenemos el compromiso de limitar la entrada, como en Formentera.

Por de pronto, ya han frenado la creación de nuevas plazas turísticas.
—Sí, uno de los logros de nuestra vigilancia ha sido la moratoria que, en los próximos tres años, obliga a amortizar dos camas obsoletas por cada nueva plaza que se quiera crear. Es una medida que frena las consecuencias negativas de la masificación, que conlleva falta de agua y saturación de los servicios públicos. La actividad turística provoca un efecto llamada de trabajadores de fuera, con el consiguiente agravamiento del acceso a la vivienda. Pero, a la vez que luchamos contra las consecuencias de la masificación, también conviene actuar contra las causas. ¿Cómo? Propiciando un decrecimiento turístico.

¿Y qué hacemos entonces para que la economía no se resienta?
—El decrecimiento llevará a los grandes capitales a invertir en otros sectores. Y la administración debe acompañar el proceso. Abogamos por crear un fondo de capital público, dotado con 20 millones, para que se inviertan en crear nuevas empresas o en la innovación de industrias existentes.

El transporte público también se ha demostrado efectivo para reducir el colapso en las carreteras, pero el Consell aún no ha puesto en marcha las nuevas concesiones de bus. ¿Por qué?
—Porque precisamos más dinero del que se nos transfiere desde el Govern. La dotación económica que acompañó el traspaso en 1997 se debe revisar al alza. Ahora el transporte público es gratuito pero, para que lo sea siempre para los menores, los parados y los jubilados, hay que subir la transferencia. Y esa será una de nuestras líneas rojas de negociación con el Govern.

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¿Cuánto dinero hace falta?
—El Consell recibe ahora solo 2 millones pero, para mantener el transporte público al nivel que se quiere, hace falta el triple.

¿La cogestión del Aeropuerto que reclaman a AENA también puede ayudar a reducir el colapso estival?
—Sí. El problema es que AENA y Autoridad Portuaria están desconectados del entorno. Para ellos, cuantos más cruceros y vuelos haya, mejor. Pero debe haber un contrapunto de las autoridades locales que ponga límites.

¿Qué medidas recetan para poner pisos en el mercado?
—Al menos hacen falta 200 al año, 2.000 en la próxima década. Pero no siempre con promociones de nueva construcción, sino aprovechando también los pisos vacíos de la Sareb. Otra medida pasa por hacer aflorar mediante inspecciones las 30.000 plazas de alquiler turístico ilegal que el GOB estima que hay en Menorca. Y luego está incidir para que no se permita otro uso ajeno al residencial en el centro de las ciudades.

Hablemos de salud. Aún faltan especialistas y especialidades. ¿Seguimos siendo ciudadanos de segunda?
—Sí. Y eso que hemos logrado que se dupliquen las dietas a los enfermos por desplazarse fuera de la Isla. Hace falta un alergólogo, sí, pero también más profesionales de la salud mental, sobre todo para niños y jóvenes. Y, además, pedimos dos médicos más en cada centro de primaria. Y que Salut se implique en hallar piso a los profesionales sanitarios que vengan de fuera.

Pues no solo hacen falta médicos, sino también policías.
—Y guardias civiles, y jueces…Y a éstos, a diferencia de los médicos, no se les exige el catalán, pero tampoco quieren venir. Y no solo es por el plus de insularidad, sino también por el precio de la vivienda.

¿Por qué no pone el dinero el Govern?
—Podría hacerlo, sí. Pero el plus de insularidad le corresponde al Estado y, además, hay un grave problema de financiación en Balears. La comunidad ingresa poco porque los sueldos son bajos. Pero la solución no está en subir impuestos, no, sino en favorecer que haya mejores empleos y rentas.

¿Y el REB?
—El Régimen Especial al menos nos ha puesto al nivel de otras comunidades. Pero solo nos da 110 de los 450 millones que cuesta la insularidad. Solo con que se subiera el IVA turístico tendríamos 800 millones más para mejorar la sanidad pública. Estos son los cambios estructurales de los que hablo…

¿Y si hay un vuelco en las elecciones?
—Pues las soluciones de la derecha serán hacer más carreteras, más desaladoras, construir pisos más altos… y eso nos llevará al colapso.

El perfil

El gran mercader que disputa el voto en el Parlament

Ni contigo ni sin ti. Més per Menorca lleva seis años con los dos pies fuera del Govern pero sosteniendo, a la vez, el pilar que lo mantiene. Cabeza y corazón. Garantizando la mayoría, pero negociando cada voto como si tuviera siempre que pescar a cambio. Y así le ha sacado más provecho a su creciente presencia en la Cámara que cuando, al principio de este renacido Pacte de Progrés, aceptó asumir tareas de gobierno. Josep Castells Baró (Barcelona, 1970), que en sus dos años iniciales de diputado tuvo que sortear el ‘dimicese’ de las dos primeras conselleras del ecosoberranismo menorquín en Palma (Esperança Camps y Ruth Mateu), se ha convertido con el tiempo en el gran mercader de Més. El abogado catalán, miembro del Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI) en sus años de universitario, que emigró por trabajo a Menorca y a la que defiende ahora con respetada oratoria y experiencia entre pasillos, reuniones y enmiendas. Esta será ya su tercera legislatura, la segunda en la que encabeza la lista autonómica.