Una de las últimas enmiendas que el PP ha introducido en la Ley del Suelo que se tramita en el Parlament balear supondrá un gran cambio en la regulación de la construcción en suelo rústico. De hecho, de salir adelante esta propuesta de los populares, la Ley del Suelo permitiría la legalización de viviendas en suelo rústico actualmente no permitidas por el Plan Territorial Insular (PTI).
La enmienda en cuestión es de gran calado. El texto abre la puerta a regularizar las construcciones en rústico que tengan un uso prohibido en este terreno.
Es decir, edificios que se levantaron sin licencia, o incluso aquellos que se ampararon en un permiso para alguno de los usos permitidos en rústico -almacén agrícola o caseta de aperos, entre otros- y que luego se transformaron en realidades diferentes, como viviendas.
La enmienda habla claramente de «legalizar edificaciones que tengan un uso prohibido». Teniendo en cuenta que la Ley del Suelo es de rango superior al PTI y a una hipotética Norma Territorial Transitoria, el Govern balear permitirá la legalización de viviendas en suelo rústico también en Menorca.
Huguet lo admite
El conseller de Ordenación del Territorio del Consell de Menorca, Cristóbal Huguet, asegura que la Norma Territorial Transitoria que ha estado preparando durante estos dos años incluirá la posibilidad de «incorporar todas aquellas edificaciones que sean incorporables a los planeamientos urbanísticos pagando la correspondiente cantidad económica».
En este sentido, la Ley 7/2012 de Medidas Urgentes para la Ordenación Urbanística Sostenible (más conocida como Ley Company) ya abría la puerta a esta realidad.
Además, Huguet recuerda que «la legislación actual permite que una construcción levantada sin licencia pueda incorporarse a un planeamiento urbanístico posterior». En este sentido, avanza que la Norma Territorial Transitoria «hará todo lo que se pueda en este sentido».
PSOE y PSM, indignados
La oposición criticó ayer con dureza la propuesta del PP. El socialista Jaume Carbonero calificó de «barbaridad urbanística» la legislación, expresando su rechazo «a la amnistía en suelo rústico que establece, por pasiva, un régimen de edificación en rústico que supone que los infractores en este suelo podrán hacer lo que quieran, sin ningún tipo de cesión a la colectividad y sin más condición que pagar unas aportaciones económicas de entre el 15 y el 20 por ciento del presupuesto de ejecución material, mucho más barato que la multa que les hubiera correspondido pagar, que es del 100 por cien de las obras ejecutadas».
Por su parte, el PSM expresa su rechazo «a la legalización generalizada de los edificios ilegales que se agrava con la enmienda del PP sin ni siquiera un debate democrático sobre su alcance ni sus condiciones, y sin prever ninguna contrapartida que suponga una mejora paisajística en el ámbito rural».
En este sentido, desde el grupo parlamentario Més critican que «la única carga real en este caso será económica y no urbanística, con lo que queda clara que la única intención es recaudatoria y no buscando la ordenación del territorio».
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