Un grupo de ciudadanos mostró carteles reivindicando el bilingüismo y la libertad de elección de lengua durante el pleno. En varias ocasiones aplaudieron las intervenciones del PP y C’s y levantaron murmullos de desaprobación hacia los argumentos del edil de Ara Maó, Gabriel Pons | Gemma Andreu

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El Ayuntamiento de Maó ha enviado la respuesta al Defensor del Pueblo para convencerle de que el reglamento lingüístico municipal no vulnera los derechos de los castellanoparlantes, como así advirtió dicho órgano el pasado junio, recomendando su análisis y revisión, y la normativa seguirá vigente. La propuesta formulada ayer en el pleno por el PP para que se suspendiera de forma cautelar fue rechazada por la mayoría de izquierdas. «Aunque quisiéramos, que no es el caso, no podríamos votar a favor», afirmó la alcaldesa Conxa Juanola al cerrar el debate, porque «un reglamento aprobado por plenario no puede quedar suspendido hasta que no se derogue y se apruebe otro».

Juanola acusó a los concejales del PP, Simón Gornés, y de Ciudadanos (C’s), Andrés Spitzer, de realizar «afirmaciones demagógicas» ya que «no encontrarán ni una sola persona que haya tenido problemas en este Ayuntamiento por hablar castellano», zanjó la alcaldesa «y el día que eso suceda tomaremos las medidas necesarias». Previamente las intervenciones, especialmente la del representante de C’s, habían comenzado cargadas de reproches. «Prepárenme la sanción porque no pienso cambiar mi forma de expresarme», aseguró Spitzer, ya que realizó su intervención en castellano «y como cargo público debería estar haciéndolo en catalán», según un reglamento que el Defensor del Pueblo considera que favorece el catalán en detrimento del castellano.

Simón Gornés, del PP, tachó de «gravísima» la decisión del gobierno municipal de aprobar un documento «profundamente discriminatorio» hacia una parte de la ciudadanía, ya que por defecto expedientes, documentos oficiales y el topónimo deben usarse, afirmó, en catalán. Por su parte, Gabriel Pons, edil de Ara, defendió que en Maó «todo el mundo tiene sus derechos lingüísticos reconocidos», apeló al consenso de la Ley de Normalización Lingüística de 1986, y añadió que el conocimiento del catalán «o el menorquín, hablamos de lo mismo» está en retroceso frente al castellano.

La izquierda mantiene la denominación ‘Festes de Gràcia’

Las fiestas de Maó no incorporarán la fórmula tradicional, reflejada ya en 1890, de ‘Festividad de la Mare de Déu de Gràcia’, como solicitó el PP con el apoyo de C’s. La propuesta, que también planteaba el uso paritario de las dos acepciones ‘Festes de Gràcia’ y ‘Festes de la Mare de Déu de Gràcia’ en alocuciones públicas y en documentos, no fue aceptada por PSOE y Ara Maó. La portavoz del PP, Águeda Reynés, acusó al equipo de gobierno de respetar las tradiciones y la cultura «cuando les interesa» y de «falta de sensibilidad» hacia las entidades que reclamaban ese cambio. Spitzer, de C’s, propuso realizar un consulta ciudadana sin obtener respuesta. El concejal del PSOE, Héctor Pons, afirmó que «no queremos entrar en el juego de hacer política con las fiestas» y defendió que la fórmula ‘Festes de Gràcia’ es más integradora.