Miquel Camps, durante el primero de los ‘diálogos’. | Gemma Andreu

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Ha sido el tema del verano. Prueba de ello es que el Diálogo sobre Masificación Turística convocado por el GOB obtuvo una excelente respuesta en cuanto a asistentes en el Orfeó Maonès, que dieron vida a un debate que duró casi tres horas. La entidad ecologista anunciará próximamente un calendario de ‘diálogos’ en otros municipios. Su objetivo es plantear la situación actual con datos, proponer soluciones y compartirlas para irlas madurando.

El punto de partida es que un 91 por ciento de los turistas se aloja en hoteles y apartamentos de costa (57 por ciento), así como en viviendas de alquiler turístico (34 por ciento). «Para regular la masificación, hay que regular esto, el resto solo hace cosquillas», comenta Miquel Camps, responsable de política territorial del GOB. Si se cruza la oferta legal de camas y el dato de presión humana resulta que en agosto hay unas 30.000 personas en la Isla «que no sabemos dónde duermen, se deduce que la mayoría van a alquiler turístico no declarado». Controlar esta pujante actividad «es clave,    las webs están llenas de ofertas de viviendas sin permiso».

El alquiler turístico, prosigue Camps, causa problemas de convivencia que lo retroalimentan. Quien lo sufre acaba por alquilar en verano y trasladarse a otra residencia. Esto, y el alto rendimiento    que ofrece, supone retirar muchos pisos de la    compraventa. Menos oferta, más precio. En esto incide además la adquisición de casas por parte de extranjeros, para residir y para hacer negocio. El GOB plantea al respecto medidas fiscales que penalicen la especulación. En otra derivada, la entidad cree que sería adecuado impedir ubicar hoteles de interior en casas de reducido tamaño. «Si se ubican en grandes propiedades no influyen en el mercado convencional, pero si juntan tres viviendas pequeñas, sí».

La presión sobre espacios sensibles preocupa al GOB. «Hace tiempo que se supera la capacidad de carga de muchas playas», comenta Camps, con casos extremos como Macarelleta donde la afluencia de bañistas la multiplica por nueve. Ante esto, el GOB plantea ampliar el número de    playas a las que no se puede acceder en coche y en otras, como Cala Mitjana oCala en Turqueta, reducir el tamaño de los aparcamientos existentes. También expone que sería adecuado valorar medidas similares en los faros donde se presencian puestas de sol, «por ejemplo, cerrar el acceso a Punta Nati con sistemas alternativos, como el alquiler de bicicletas. Vale la pena valorarlo».

Sensible es el fondo del mar, por lo que el GOB expresa preocupación por los numerosos fondeos irregulares derivados del incremento de presión de barcos de recreo, así como por los planes de crear más amarres en zonas como Addaia o el puerto de Maó. Ysensibles son los acuíferos. Camps comenta que «están ya muy mal a nivel de cloruros, están muy salinizados incluso los de Levante. Si seguimos así, los colapsaremos y la solución que quedará son las desaladoras, que no son rápidas ni baratas».

Otras medidas sobre las que pretende dialogar el GOB es el control del acceso de coches a la Isla, más aún tras un verano en el que con menos turistas han venido más vehículos. Camps se pregunta «¿qué ocurrirá el año próximo si vuelven a venir todos estos coches y además los ingleses y alemanes?».