Antoni Camps, acompañado por su abogado, antes del juicio del pasado mes de mayo en el Audiencia Provincial de Palma. | ALEJANDRO SEPULVEDA

Un año de prisión, seis meses de multa, a razón de seis euros diarios, e indemnización de 5.718 euros es la condena que ha recaído en Antoni Camps Casasnovas, como responsable de un delito de apropiación indebida agravado que cometió cuando era administrador y secretario de la Asociación de Vecinos del complejo Tamarinda de la Plaza del Faro, en la urbanización de Cala en Bosc, en Ciutadella, durante el año 2017. Un fallo que también le impide presentarse a unas elecciones como candidato.

Casi siete meses ha tardado el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en emitir la sentencia condenatoria tras el juicio celebrado a principios de mayo. El fiscal pedía una pena de dos años y tres meses de prisión que finalmente han quedado en uno.

Los tres magistrados de la sala, no obstante, han resuelto absolver al excoordinador de Vox en la Isla de los delitos de administración desleal y falsedad documental por los que también le había reclamado pena la acusación particular. Esta ha ido a cargo del que era presidente de la comunidad, quien a su vez era socio de Camps en una empresa que se dedicaba al mantenimiento de casas y jardines y que estaba contratada por ese mismo grupo de vecinos.

La acusación particular elevaba la petición de condena a seis años y siete meses de cárcel por los tres delitos, la misma indemnización que pide el fiscal, más 3.000 euros por daños morales.

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Camps Casasnovas hizo público el sábado que dimitía de su cargo en la formación política, tras conocer la sentencia que, por el momento, le inhabilita para presentarse a las próximas elecciones.

Según ha resuelto el tribunal, el exlíder de Vox en Menorca rellenó tres cheques en blanco de la cuenta corriente de la asociación que en aquellas fechas le había entregado su presidente, como era práctica habitual para realizar pagos de la comunidad a proveedores, tras incorporar su propia firma, condición preceptiva para poder cobrarlos.

En uno de ellos consta que retiró 7.500 euros, el 4 de julio de 2017. Cuatro meses después hizo lo propio con otro de 1.968 euros, que también retiró. De ambas sumas ha devuelto 3.750 euros, junto a otro de los socios de la empresa de mantenimiento.

La causa sugirió en su día una enemistad del entonces presidente de la comunidad de vecinos con Antoni Camps, tras haber sido ambos socios de esa empresa que finalmente quebró, junto a dos asociados más. Según declaró el acusado en el juicio, algunas de esas cantidades se utilizaron para pagar deudas de la otra empresa. Dado que era administrador de Tamarinda y socio de esta última empresa, realizaba movimientos, en algunos casos adelantos del pago de la comunidad a la de mantenimiento, y para otras facturas de una empresa familiar del propio presidente de la comunidad que finalmente le denunció

El tribunal ha concluido que sin conocimiento ni consentimiento del presidente, como este declaró, rellenó los tres cheques «y se sirvió de ellos para quebrantar su confianza haciendo suya la suma de 5.718 euros que perdió la asociación de vecinos». No ha quedado debidamente acreditado, indica la sentencia, que el dinero se ingresara en la cuenta de Casas y Jardines SL, como declaró Camps, ni que fueran un anticipo. Tampoco se hizo mención a este movimiento en la aprobación de cuentas de 2017 y sí en la de 2018, cuando los socios ya habían descubierto el movimiento.