Las seis claves que Menorca se juega en las elecciones europeas: el poder que lo condiciona todo

Aunque las elecciones europeas suelen celebrarse ante la indiferencia de una parte importante de la ciudadanía, lo cierto es que el Parlamento Europeo participa en pie de igualdad junto al Consejo de la UE en la elaboración de casi todas las iniciativas legislativas comunitarias, que son las que establecen los grandes marcos y objetivos de obligado cumplimiento para todos los países. De esta manera, una parte muy importante de la legislación estatal tiene su origen en normativas europeas.    Asimismo, los eurodiputados también deciden cómo se gastan los fondos en áreas como la agricultura, la cohesión regional o el desarrollo.

Tampoco se puede olvidar que desde el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, en 1986, el país ha recibido una auténtica lluvia de millones procedentes de los fondos europeos. Sin ir más lejos, en estos momentos el Consell está gestionando hasta 27 proyectos que cuentan con financiación de los Next Generation.

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De la pesca al campo

Un ejemplo de la incidencia que tiene la legislación europea en Menorca lo encontramos en el sector de la pesca, que está regulado a través de la política pesquera común, cuyo principal objetivo es garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos. Fruto de esta normativa, los pescadores de la Isla este año solo podrán faenar un total de 130 días, lo que ha causado la indignación de los pescadores, que lo consideran insuficiente para su supervivencia. Por ello, el presidente de la Cofradía de Ciutadella, Xavier Marqués, no duda en afirmar que «las elecciones europeas son más importantes que las estatales o las regionales, puesto que la normativa que manda es la de Europa y luego los Estados se tienen que adaptar». «Tanto si gobierna la derecha como la izquierda en España, todos tendrán que cumplir las directrices europeas», remarca.

También piensa de un modo similar el presidente de la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de Menorca (Agrame), Luis Nadal, quien recuerda que todas las normativas que afectan al campo menorquín vienen de la Unión Europea. En este sentido, Nadal reconoce que «aunque la legislación que sale de Europa lo condiciona todo, el poco contacto con los eurodiputados provoca que Bruselas parezca una cosa muy lejana». «Es una lástima que sea así, porque muchas cosas importantes se deciden allí», concluye.

Sector agrario

El campo de Menorca, entre las ayudas de la política agraria común y una gran maraña burocrática. La política agrícola común de la Unión Europea nació en 1962, con el objetivo de ayudar al sector primario y garantizar la seguridad alimentaria en el continente. Para conseguir este propósito, ha ido evolucionando a lo largo de los años y la PAC 2023-2027 entró en vigor el 1 de enero del año pasado, convirtiéndose en la primera campaña que incluye las características especiales de la producción agraria y ganadera de Balears, y que compensa los sobrecostes del sector primario asociados a la insularidad. A pesar de que Menorca incrementó las ayudas recibidas hasta los 7,1 millones de euros, el campo menorquín salió a la calle el pasado mes de febrero, protagonizando una tractorada histórica que recorrió la Isla desde Ciutadella hasta Maó, para protestar por lo que consideran un exceso de burocracia e intervencionismo de la Unión Europea.

En este sentido, el presidente de Agrame, Luis Nadal, se muestra crítico con Bruselas por querer imponer una política homogénea para todos los países de la UE. «Desde Europa se hace una misma normativa para 27 países que son muy diferentes los unos de los otros,    y la realidad es que no funciona, porque es muy difícil que se pueda hacer bien», lamenta.

En cuanto al anuncio de Bruselas de que ya se está trabajando para simplificar las normativas, Nadal desconfía del posible resultado final. «Parece un intento de parar las protestas y ganar un poco de tiempo,    pero no creo que al final se consiga cambiar las cosas», afirma.

Financiación

El Consell gestiona 27 proyectos que cuentan con fondos Next Generation. Desde su entrada en el club europeo, España ha recibido una gran cantidad de dinero, que ha servido para modernizar el país. El último gran programa de ayudas europeas son los fondos Next Generation, que la UE puso en marcha para propiciar la recuperación económica después de la crisis de la covid.

En estos momentos, el Consell gestiona 27 proyectos que cuentan con la financiación de este plan, y que deben favorecer la modernización turística, el saneamiento, la eficiencia energética o la digitalización. Los fondos también servirán para comprar el Aeroclub, el edificio de Correos de Maó y la parte privada del Llazeret.

Medio ambiente

La UE exige aumentar el porcentaje de separación de los residuos. El nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta que ya se ha implantado en Es Castell y en diversas zonas de Maó, permitirá avanzar hacia los objetivos que marca la Unión Europea en materia de reciclaje, que exigen que en 2025 como mínimo el 50 por ciento del peso de los residuos generados en la Isla lleguen a Milà de forma separada. Además, dicho porcentaje deberá ser del 60 por ciento en 2030, según la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

De momento, los primeros resultados del nuevo sistema son muy positivos, y se ha conseguido pasar del 20 al 80 por ciento de recogida separada en las zonas donde ya está en marcha.

Política pesquera

Los pescadores de la Isla solo podrán faenar 130 días este año a causa de las restricciones marcadas por Bruselas. Finalmente se han confirmado las peores previsiones de los arrastreros menorquines, y en 2024 han visto reducidos los días de trabajo anuales de 170 a 130 (20 días por mes), lo que equivale a seis meses y medio de faena. De esta manera, la Comisión Europea ha impuesto una reducción de la actividad pesquera del 9,5 por ciento en el Mediterráneo Occidental, con el objetivo de alcanzar el 40 por ciento de reducción respecto al 2020.

Desde la Cofradía de Ciutadella, Xavier Marqués lamenta que a mediados de septiembre ya habrán agotado los días disponibles, con lo que la supervivencia de su negocio cada vez es más difícil. Además, explica que este año también se han implementado restricciones a la pesca de gambas.

En este sentido, Marqués asegura que «las normativas europeas parecen no responder a criterios conservacionistas, porque la gamba es un recurso que ahora mismo en Menorca está bien, sino a un ecologismo radical». También critica que desde Europa se legisle de igual manera para toda la cuenca occidental del Mediterráneo, puesto que no se tienen en cuenta los diferentes sectores en los que se divide este mar. «En Balears somos treinta barcas y en un solo puerto de la Península ya hay un número mayor, por lo tanto, no tendríamos que tener las mismas restricciones», afirma. Asimismo, desde el sector remarcan que las lonjas de la Península no tienen nada que ver con los pequeños mercados locales de Balear.

Movilidad

No se podrán vender nuevos coches de gasolina y diésel a partir de 2035. El Parlamento Europeo aprobó el año pasado la legislación que marca el final de los coches de combustión. Será a partir de 2035, cuando todos los turismos y furgonetas nuevos matriculados en Europa deberán ser de emisión cero.

La normativa establece diversas fases, con un primer hito en 2030, cuando se tendrá que reducir el 55 por ciento de las emisiones contaminantes de los automóviles y el 50 por ciento de las furgonetas con relación a los niveles existentes en 2021. Finalmente, la prohibición para los vehículos de gasolina y diésel será total en 2035. La norma debe ayudar a lograr el objetivo de neutralidad climática en 2050, y también se prevén incentivos para los fabricantes.

Tecnología

Un reglamento europeo regulará la inteligencia artificial en la Unión. La inteligencia artificial (IA) es una de las tecnologías más disruptivas y está llamada a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Para regular su desarrollo, la Unión Europea prepara una reglamento que el Parlamento y los Estados acordaron el pasado mes de febrero, y que será de obligado cumplimiento para las empresas que operen en el mercado interior. El objetivo es limitar los riesgos que de esta nueva tecnología se puedan derivar, así como salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Desde la industria se critica que esta normativa puede tener efectos negativos para la competitividad y la innovación.