Desde que realizó sus prácticas como alférez de las Milicias Universitarias en la Brigada Paracaidista, forma parte de esta amplia plantilla de «no profesionales» que tanto han enriquecido a las Fuerzas Armadas. Eligió un puesto de riesgo y fatiga como señalan nuestras ordenanzas, y dejó un montón de leales amistades. La más significativa es la que mantiene con el general Luis Carvajal, un caballero como la copa de un pino, nombrado hijo ilustre de la ciudad de Mostar en tiempos de guerra, que lucha hoy entre cirugías y cortisonas contra las huellas que le dejaron sus largos años en estas tropas de élite que son los Paracaidistas.
Pensamos, incluso, que el presidente Rajoy le encargaría la cartera de Defensa cuando formó su Gobierno. Pero le asignó otra , aún de mayor riesgo y fatiga: la de Justicia. Pesó más su toga de fiscal, que su breve experiencia castrense. No deja de ser lógico.
Dejando la alcaldía de Madrid –imagino–, se puso a repasar leyes orgánicas y ordinarias, reales decretos y órdenes ministeriales, de este imprescindible pero complicado mundo, que es el de la Justicia. Con la Constitución en la mano, recordó que ya desde su primer artículo consolida el concepto de una «España, Estado de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad…». Luego deslizándose hacia los artículos 24 y 25 recordó: «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales…», entrando de lleno despues en un Título VI, completamente dedicado a la Justicia. Los jueces «no podrán ser separados de su ejercicio, sino por las causas y garantías previstas en la Ley» e incluso en nombre de la unidad jurisdiccional (Artº 117.5), integra la última instancia de la Justicia Militar, en una Sala del Tribunal Supremo, considerado como «el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en lo dispuesto en materia de garantías constitucionales». De este «salvo» saldrán no pocas divergencias que vivimos cada día. Por último incluye (Artº 122) la organización del consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces.
Por supuesto el ministro Gallardón conoce mejor que yo las razones, atajos y circunstancias que tuvieron que sortear los Constituyentes. Y conoce a las personas que ocupan los cargos. Sabe de ambiciones y de egoísmos tanto como de solvencia y conocimientos jurídicos. Conoce que en tanto el ministro de Hacienda le recorta presupuestos, los miembros del CGPJ cobran el doble que él, y que los de un no renovado Constitucional legalizan, no sé si por compromisos políticos o por miedo, formaciones que huelen mas a tiro en la nuca que a Estado de Derecho. Lo malo es que sucesivas concesiones y pactos políticos consiguieron contaminar toda la cúpula del sistema, cuya base está formada por responsables y bien formados profesionales.
Es como si nuestros generales fuesen elegidos, no por los méritos contraídos en largos años de profesión sino por cupos de los partidos políticos. Y que, encima, anduviesen a la greña denunciando públicamente dietas mal percibidas, viajes sufragados o méritos engañosamente atribuidos. ¿Quépensarían nuestros capitanes, brigadas y soldados desplegados en Afganistán? Por supuesto en un colectivo como las Fuerzas Armadas hay roces. Pero se resuelven en Consejos Superiores o se denuncian, si es necesario, ante los superiores. Pero no convertimos nuestra unidad en una jaula de grillos, preocupando gravemente a nuestra sociedad.
Yo no sé ministro, mi querido alférez, si la Sala de lo Militar del Supremo tendrá que tomar el mando o si será necesario crear una Unidad Militar de Emergencias Judiciales al estilo de la que cubre, con extraordinaria eficacia, carencias en incendios y catástrofes naturales. No se cuántas hectáreas tiene quemadas la Justicia, pero el ciudadano de a pie percibe que demasiadas. Percibe, no una crisis en la formación ni en los conocimientos de muchos, percibe como escribía hace unos días Leopoldo Abadía, una crisis de decencia, de abuso de poder, de amparo y servilismo a las formaciones políticas que les han apadrinado.
No. No es fácil reconducir todo un sistema que se ha ido prostituyendo durante muchos años. Basta analizar los presupuestos, los sueldos y las prebendas. En este sentido no es mala la crisis, porque nos lleva a reconsiderar, a renovar, a reconducir. Y hay voces potentes que claman por convertir el Constitucional en una Sala del Supremo como en Italia, en pos de la necesaria «unidad jurisdiccional». Otras voces hablarán de merma de garantías, mientras las formaciones políticas se resistirán a ceder cotas de poder que les amparen ante posibles contingencias judiciales.
Sin necesidad de reclamar el apoyo de tu Brigada Paracaidista, tengo claro –querido ministro– que tendrás que hacer valer el peso, prestigio y mando de tu estrella de alférez.
Artículo publicado en "La Razón" el 28 de junio 2012
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