Los menorquines, a través de los presupuestos del Consell, pagaremos durante diez años 28,8 millones a la promotora Cesgarden por la sentencia que reconoce la pérdida de las opciones urbanísticas en Son Bou. Un duro fallo dictado por el Tribunal Superior de Justícia de Balears que después ha sido ratificado por el Tribunal Supremo.
Pero la 'sentencia Cesgarden' incluye otros aspectos que aún no se han ejecutado, cuyo coste asciende a otros 15 millones de pesetas, una cantidad que en modo alguno debe pagar el Consell insular. El actual equipo de gobierno de la institución, encabezado por el presidente Tadeo, le corresponde la responsabilidad política de hallar una fórmula para evitar el pago de más indemnizaciones.
En esta contexto está en juego la redacción de la Norma Territorial Transitoria, instrumento que puede recoger las fórmulas para dar un encaje a los proyectos de Cesgarden y Princesa Son Bou. El Consell debe pactar para conseguir, con la mayor rapidez, la solución necesaria.
Queda sin respuesta el interrogante del acuerdo que nadie negoció el 2006, cuando se modificó el PTI, y era posible un convenio con Cesgarden para evitar la elevada indemnización.
