La reclamación de la gestión de los aeropuertos de Balears por las instituciones autonómicas no constituye un mero gesto voluntarista y debe ser atendida al situarse en la raíz de muchos de los grandes problemas que deben afrontar las Islas. La imposibilidad de controlar el flujo de visitantes está teniendo efectos sociales, económicos y medioambientales de enorme calado que obligan a reaccionar con iniciativas frente a la estrategia de Aena.
Los aeropuertos de Balears, concretamente Palma, figuran entre los más rentables de la red estatal. Las instituciones y los principales agentes sociales carecen de capacidad de decisión sobre una infraestructura clave para los ciudadanos. Las instalaciones aeroportuarias son las principales puertas de entrada y salida de visitantes que determinan la presión demográfica sobre el territorio y los recursos naturales. Las únicas respuestas consisten en medidas urbanísticas restrictivas o de regulación en la economía. Tener poder decisorio sobre las frecuencias y horarios de los vuelos, participar en la gestión económica de los aeropuertos y planificar su desarrollo es una exigencia cuya respuesta no se puede demorar.
