En un plazo no superior a un mes el Departamento de Movilidad del Consell debe tener redactados «los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y el coste de la demolición del viaducto parcialmente construido en la carretera a su paso por Rafal Rubí, y su sustitución por una rotonda en superficie que garantice la máxima seguridad para los usuarios de la carretera, y cumpla con toda la normativa que le sea de aplicación». Este es el acuerdo, que con todas las cautelas administrativas posibles, aprobó al gobierno de la primera institución menorquina. El debate político, la afluencia de público y los distintos criterios evidenciaron la división sobre la carretera, porque ni el PP ni el tripartito formado por PSOE-Més-Podemos han logrado un consenso social.

El gobierno de izquierdas expone razones medioambientales, paisajísticas y una posible afectación de la «Menorca talayótica» para este cambio, mientras que el PP invoca razones de seguridad para oponerse. Esperemos que en esta ocasión no sea necesario recurrir a informes externos y que se acabe, de una vez por todas, con la penosa imagen de estas obras paralizadas durante años. La decisión está en manos de los técnicos.