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La gracia de pagar impuestos es que la estructura pública permite a los ciudadanos tener cubiertas sus necesidades mínimas de forma universal y gratuita. Es decir, que nadie se quede sin poder acceder a determinadas prestaciones por falta de recursos económicos. Entre este tipo de prestaciones públicas, las más reconocidas y destacadas son la sanidad, la educación, las infraestructuras y los servicios sociales, entre otras. ¿Qué ocurre con el transporte? Pues que el Gobierno, en cuanto ha construido las infraestructuras correspondientes (aeropuertos, puertos, carreteras, estaciones...) considera que ya ha cumplido con su vocación pública.

Por esta razón ha dejado la ejecución del transporte propiamente dicho a la iniciativa privada: o usted coge su coche o, a cambio de un determinado precio, le llevan a su destino una serie de empresas. En el caso concreto de la aviación, el Estado se ha desentendido totalmente. Las compañías son privadas y manejan criterios puramente empresariales. Pero, ay, están las islas, donde la opción "coja usted su coche" no existe.

Solución del Gobierno: una declaración de servicio público muy, pero que muy, insuficiente, que no evita que las empresas miren sólo por sus cuentas de resultados. Ante esto y lo sucedido con el "maletazo", ¿le apetece que haya más privatizaciones de servicios públicos como las pensiones o la sanidad?