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Desde que el viernes se hiciera público el destino de la herencia de Juan Ignacio Balada lo que más me ha sorprendido ha sido la reacción de algunos políticos de la Isla. Me sorprendió que elevaran a nivel de exigencia su petición de que la Casa Real tuviera en cuenta a las instituciones menorquinas a la hora de gestionar este legado. En el manejo de una herencia de un particular debe atenderse por encima de todo, prácticamente en exclusiva, la voluntad de éste. El resto son opiniones, sugerencias. Por ejemplo, el conseller de Cultura pide consideración para los menorquines y sus instituciones. ¿Por qué debe haberla? El señor Balada puso su fortuna en manos de la Corona sin, al parecer, establecer ningún condicionante relativo al retorno de este patrimonio a la Isla. ¿Es suficiente que el señor Balada fuera menorquín para que los isleños nos otorguemos el derecho a condicionar el destino de sus bienes? Yo creo que no, que poco tiene que ver una cosa con la otra. Si los Príncipes hacen un buen uso del dinero recibido y de lo que obtengan por la venta de los inmuebles, aunque sea en Tanzania, nadie debería poner ni un pero al asunto. Lo que venga a la Isla bienvenido será, pero sorprenden estas exigencias localistas en partidos que desde la Isla invierten a menudo mucha de su energía en solidaridades y cruzadas de ámbito mundial.