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El presiente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) para que estas entidades puedan emitir cuotas participativas, valores similares a las acciones, con derechos políticos.

El límite de emisión de dichas cuotas será el 50 por ciento del patrimonio de las cajas, con el fin de evitar su desnaturalización, explicó Zapatero en rueda de prensa, tras una reunión con representantes de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

A juicio del jefe del Ejecutivo se trata de una "reforma de calado, imprescindible para la modernización y la eficiencia de nuestro sistema financiero".

El proyecto de reforma, que incluye también medidas para la despolitización y profesionalización del sector, se aprobará a través de un decreto ley que contribuye "ante todo a fortalecer el sector financiero en nuestro país" y por tanto, añadió Zapatero, a la economía y a la estabilidad.

Zapatero señaló que la reforma de la ley estatal de cajas es "urgente" y consideró que éste es el momento "adecuado", ya que el Gobierno da por concluido "todo el proceso de reestructuración" del sistema financiero.

Tras la reforma, que espera que cuente con un amplio apoyo parlamentario y de los gobiernos autonómicos, las cajas contarán con un "abanico extenso" de fórmulas para captar capital, explicó Zapatero.

La propia emisión de cuotas ahora ganará atractivo porque la propuesta suprime los límites hoy vigentes a la tenencia de estos títulos por un único inversor, al tiempo que se establecen principios de libertad de emisión y retribución de las cuotas, que se podrán emitir con derechos desde la entrada en vigor de la reforma.

Pero además, abre otras vías, ya que recogerá la posibilidad de que las cajas que se integren bajo un Sistema Institucional de Protección -lo que se conoce como "fusión fría"- tengan como entidad central a una sociedad anónima, que puede ser un banco, y ello les permitirá acceder directamente a los mercados.

Asimismo, la reforma dará la posibilidad de que las cajas puedan traspasar su actividad financiera a un banco y transformarse en una fundación, renunciando a su condición de cajas. Se entiende que a través de esta fundación se decidirían las actividades de la obra benéfico-social.

No obstante, para tomar cualquier decisión sobre el cambio de modelo de funcionamiento de una caja o su régimen jurídico, la reforma incluye la necesidad de que cuente con el visto bueno dos tercios del consejo de administración de la entidad.

Para el presidente del Gobierno todas estas medidas son el resultado del compromiso del Ejecutivo por reformar la ley estatal de cajas, y fruto del diálogo con las propias cajas de ahorros y el PP, al que ahora se sumará la interlocución con las comunidades autónomas y los sindicatos.

En cuanto a la otra pata de la reforma, la profesionalización del sector, se limitará "fuertemente" la presencia de representantes políticos en las cajas, ya que los cargos electos no podrán ser miembros de los órganos de gobierno de estas entidades y se impedirá la participación en dichos órganos de representantes de la administración ejecutiva.

La nueva ley incluirá exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración de las cajas, entidades que ahora estarán todas obligadas a elaborar anualmente un informe de gobierno corporativo.Se llamará Operador de Mercado Ibérico (OMI) y nace gracias al acuerdo de fusión del mercado eléctrico español y su homólogo portugués que aprobó hoy el Ejecutivo.

Así, la configuración del nuevo OMI aparece recogida en la modificación del convenio -firmado en 2004- para la integración de los mercados eléctricos de los dos países. Ahora, su renovación permitirá adaptarlo al nuevo acuerdo suscrito entre España y Portugal el pasado mes de marzo, que establecía un plan para compatibilizar la regulación del sector energético entre ambos Estados.

En el acuerdo se configura también la estructura organizativa de la nueva entidad, con dos sociedades 'holding' y con dos sociedades gestoras, la composición del consejo y las limitaciones a la participación de terceros en su capital social.