Hace casi diez años el entonces presidente del Club Marítimo Mahón, Luis Barca, un hombre inteligente y osado, se entrevistó con quienes ocupaban la presidencia y la dirección técnica de Autoridad Portuaria, Joan Verger y Ángel Matías. Puso la grabadora en marcha para que después la Fiscalía acusara a la cúpula de Puertos del posible amaño de ese concurso, que favoreció a Trapsayates, la empresa de Díaz Ferran, que, de momento ha permanecido cinco años y dos meses en la cárcel por varias causas, entre ellas la quiebra de Marsans.
Esa batalla por la recuperación de los amarres que el ‘Marítimo’ nunca debió perder todavía se está librando. Hoy los clubes, que no tienen un afán de lucro, tienen preferencia para la gestión de unos amarres, cuya actividad permite a estas entidades desarrollar sus actividades deportivas y sociales. Pero todavía se pagan las consecuencias de la forma en que se gestionaban las millonarias concesiones de puertos.
Sin cuestionar la intención del presidente actual de APB, el camino para intentar recuperar los amarres está lleno de escollos. El último es la resolución de la Audiencia Nacional que determina que antes del interés de Puertos por recuperar la concesión por una falta grave de Trapsayates está el derecho de los acreedores de Marsans de recuperar su dinero. Así las cosas, no es descartable que la empresa que perteneció al presidente de la patronal española, hoy intervenida judicialmente, agote el periodo de la concesión hasta 2023. Mientras, el Club Marítimo sigue a la espera de que se resuelva el concurso del muelle d’en Reynés, al que aspiran también dos empresas.
En el puerto de Maó siempre flotan cabos sueltos, como sucede con el varadero o La Solana, desalojada y abandonada, por poner dos ejemplos. Al menos el cabo de los amarres deberá atarse bien para que no siga a la deriva.
