El ‘cero energético’ que acaba de sufrir la isla de La Gomera ha puesto el foco informativo sobre el gran apagón que afectó a Menorca en octubre de 2018.
La investigación sobre aquel grave suceso se cerró en falso por el Govern el 1 de abril de 2019, es dia d’enganar para los menorquines; y Red Eléctrica se negó a indemnizar a los 38.000 usuarios de Menorca -familias y empresas- que quedaron sin suministro eléctrico durante 56 horas en el siglo XXI. Se han incumplido, además, los acuerdos aprobados por unanimidad, en el Parlament, para la reapertura del expediente y exigir responsabilidades a la empresa encargada del transporte de la energía.
Red Eléctrica se excusó y escudó en un fenómeno natural impredecible -cap de fibló- y eludió cualquier acción o medida de compensación por los daños y perjuicios ocasionados. Lo que era una infracción muy grave fue ocultado por quienes, desde las instituciones, tenían la obligación de velar por los derechos de una Isla cuya sociedad y economía quedaron paralizadas durante aquellas interminables 56 horas.
De nada sirvieron las apelaciones a la responsabilidad social corporativa de Red Eléctrica Española que, a pesar de los millonarios beneficios que declaró en 2018, no tuvo ningún gesto que reconociera los fallos registrados e indemnizara a los afectados, que tenían derecho a recibir una compensación económica del diez por cien en su facturación anual por aquella grave incidencia. Porque la Ley del Sector Eléctrico obliga al operador del sistema, o sea REE, a garantizar la continuidad y la plena seguridad del suministro eléctrico.
Pero Red Eléctrica no había reparado el cable submarino y no había previsto ni instalado las medidas de refuerzo ni diseñado un plan de contingencia eficaz para actuar cuando Menorca quedase en situación de vulnerabilidad. Un plan que no funcionó cuando se produjo aquel gran apagón de octubre de 2018.
